Barcelona muestra su compromiso con el derecho a voto de todas las personas con discapacidad

Montserrat Vilarrasa, vocal para la discapacidad intelectual en el Consejo Rector del IMPD, asistió al Plenario
El Plenario del Consejo Municipal mostró el pasado viernes 23 de noviembre su compromiso con el derecho de voto para todas las personas con discapacidad. Lo hizo a través de la aprobación de una declaración institucional en la que se expresaba la voluntad de trabajar conjuntamente con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) y las mismas entidades del sector de la discapacidad para que los futuros procesos electorales garanticen los mecanismos y medios de apoyo necesarios para garantizar el derecho de voto y la accesibilidad del proceso electoral para todas las personas con discapacidad, ya sea al material electoral, las mesas o las papeletas.
 
El Ayuntamiento de Barcelona se compromete igualmente a trasladar esta declaración institucional en la Oficina del Censo Electoral, a la Junta Electoral Central, a la Generalidad de Cataluña y los partidos políticos con representación parlamentaria.
 
La alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, así como representantes de todos los grupos políticos recibieron después del Consejo Plenario representantes de las entidades sociales implicadas en esta demanda histórica para remarcar su apoyo. Montserrat Vilarrasa, vocal para la discapacidad intelectual del Consejo Rector del IMPD y miembro de la Asamblea de Derechos Humanos de la Fundación Catalana Síndrome de Down (FCSD) asistió al Plenario.
 
La vulneración del derecho fundamental al voto de estas personas ha sido denunciada en reiteradas ocasiones tanto por el Comité de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, como por las entidades de Dincat, Federación Salud Mental Cataluña, Federación Voces, el Il · Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Síndic de Greuges, así como en diferentes iniciativas del Ayuntamiento de Barcelona.
 
La declaración institucional se ha aprobado después de que el Senado de España aprobara el pasado 21 de noviembre la modificación de la Ley 5/1985 del Régimen Electoral General, suprimiendo así las limitaciones del derecho de voto y restaurándolo para todas aquellas personas que por motivo de discapacidad se habían visto privadas del mismo por sentencia judicial.
 
El Estado español se ha convertido así en el octavo país de la Unión Europea que no aplica ninguna restricción por razón de discapacidad a la hora de votar, después de Austria, Croacia, Holanda, Italia, Letonia, Suecia y Reino Unido.
 
Se estima que esta modificación afecta a unas 100.000 personas a nivel estatal y unas 2.500 en la ciudad de Barcelona. Una de estas personas es Clara Hervás, redactora de EXIT21, que explica su proceso en este escrito.